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| El precio de la justicia |
Miércoles, 1 de Marzo de 2006 El Mundo |
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| Una obligada cortesía nos obliga a apartar de la visita de Eduardo Fungairiño, el depuesto Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, la alusión a su peripecia personal y, por descontado, el debate a cualquier materia que concierna a su condición forense. No me parece que sea faltar a ese propósito, sin embargo, consignar la convicción de muchos españoles –admiradores o adversarios suyos— de que la reciente decisión del Tribunal Supremo de cegar la vía de la excarcelación a los evidentes esfuerzos de los estrategas del Gobierno que venían procurando abrir, al precio que fuera, una vía de urgencia a la tragedia del terrorismo, ha debido tener bastante que ver con el desconcertante cese del personaje que hoy nos visita. No traigo el tema a colación para esgrimir ningún trágala, sino desde el convencimiento de que la patente crisis de confianza que atraviesa la Justicia española está tocando fondos bien profundos. Fue con motivo del “caso Guerra” cuando se oyó protestar por vez primera desde el propio Poder contra el riesgo de “judicialización de la política”, razonable queja a la que de inmediato hubo que responder con otra quizá más temerosa, la de que lo verdaderamente peligroso era su efecto inevitable, a saber, la “politización de la Justicia”. Mucho ha llovido desde entonces, ciertamente, bastante más de lo preciso para que el disparatado bosque del intervencionismo gubernamental en la tarea de los jueces no pueda ya ocultarnos un realidad cada día más clamorosa. La estrategia de control de la Justicia a través de una política de recluta partidista de sus dirigentes es, a estas alturas, una lamentable realidad que afecta tanto al órgano de control de quienes sirven al Poder Judicial como a los altos tribunales en que culmina la pirámide de ese servicio clave en la vida de los pueblos. Hoy en España nos hemos acostumbrado a vaticinar los fallos judiciales valiéndonos para el augurio no del vuelo incierto de los pájaros o del mensaje inscrito en las entrañas de la víctima, sino de un elemental recuento de las personas que intervienen en los pleitos y la consideración de sus lealtades políticas. Y eso es algo que no debe escandalizar demasiado a un Poder, alguno de cuyos próceres eventuales llegó a anunciar en cierta ocasión, no sin visible euforia, la muerte de Montesquieu.
En una carrera dilatada e intensa como la de Eduardo Fungairiño hay sitio sobrado para al acuerdo y la discrepancia, lo mismo por parte del experto que del lego. Ha habido opiniones suyas, en efecto, que hemos rechazado con vehemencia los mismos que acabamos de clamar contra su inconcebible relevo o contra la larga campaña de descrédito con que se ha tratado sutilmente de perjudicar su prestigio y su buen nombre. Pero si hay algo que sólo los fanáticos o los perjudicados por su firmeza discuten, es que este Fiscal ha ejercido siempre desde su propia conciencia y sin el menor atisbo de complejos. La misma cuestión que ha disparado su cese, es decir, el criterio sobre la acumulación de penas en los asesinos múltiples del terrorismo, es obvio que remite a un viejo “dictum” ciceroniano –“el juez no debe ser más clemente que la ley”—que aquí se ha tratado de forzar a favor de los designios políticos. Lo que no será necesario es que recuerde el final de Cicerón, lo que vale (o lo que cuesta) la Justicia, el precio que quien la imparte ha de pagar por el supremo privilegio de administrarla legítimamente. No creo, desde luego, que nadie haya pensado en decapitar a Fungairiño y clavar sus manos en el Foro, pero tampoco dudo demasiado de que no haya por ahí más de uno al que semejante fantasía no habría de escadandalizar sino todo lo contrario. Cuando uno era joven le descubrió algún insigne romanista un viejo aforismo de Publilio Siro, “Iudex damnatur ubi nocens absolvitur”, esto es, cada vez que se libera a un culpable se condena a un juez. A un juez o a un fiscal, qué más da. Está tan claro que Eduardo Fungairiño no ha querido someter su legítima independencia como que ha pagado por su entereza el precio injusto. La democracia es un sistema cuya complejidad desborda con frecuencia incluso los blindajes del Derecho. Que hayamos de aceptar tal sobreprecio o tengamos que verlo de rebajas no nos permite, en cambio, a los demócratas, romper la baraja completa, sino que nos obliga, con más rigor si cabe, a soportar las reglas del juego por degradada que vaya estando la timba. Supongo que Eduardo Fungairiño entiende de sobra esta forzada metáfora y que muchos entre ustedes comparten mi intención al usarla. Bien sabemos, por lo demás, que administrar Justicia es acaso la más compleja de las operaciones humanas y que quienes a esa tarea se dedican corren riesgos que los profanos ni sospechan y que no tienen por qué ser inferiores al de sus víctimas, que haberlas haylas y no son pocas. Siempre que me veo en estos berenjenales se me viene a la cabeza el ingenio fulgurante de Jules Renard cristalizado en su tremendo adagio “La Justicia es gratuita. Menos mal que no es obligatoria”. Seguro que Eduardo Fungairiño, al que le sobra talento y retranca, la broma de aquel cínico le suena a algo bien próximo y en demasiadas ocasiones, bien lamentable y costoso. |
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