Apenas se ha hablado de la sentencia del Tribunal Supremo --primera de las 208 del TSJM recurridas por Ruiz-Mateos ante él-- que ha establecido el justiprecio del Banco Condal y dispuesto la devolución a sus accionistas (excluidos los Ruiz-Mateos, un 58 por ciento, por cierto) del aval de 2.667 millones depositados. La pifia del Condal le va a costar al contribuyente, tirando por bajo, unos 100.000 millones, sumados al valor base de la acción la revalorización del inmovilizado, el 5 por ciento del premio de afección y los intereses legales ­desde febrero del 83!.
Pero hay más. El TS ha retrasado hasta el 25 de Abril la sentencia sobre Galerías Preciados prevista para diciembre pasado. Lo que lo que en ella se discute no es probable que se salde con menos de 200.000 millones (el 80 por ciento propiedad de Rumasa), cifra que lo dice todo sobre la índole de una expropiación que, tras sanear generosamente la empresa con fondos públicos, se la vendió en 600 millones a Cisneros, el amigo americano de González, que habría de revenderla, en cuanto la ley se lo permitió, al grupo Mountleigh, ­en 30.000 millones! No está de más recordar que entre la compra y la venta, conocimos las imágenes de Boyer navegando en el yate de Cisneros, personaje que contaba con credenciales en el grupo de Carlos Andrés Pérez y el financiero Sarasola.

Sin duda esas imágenes hablaban por sí solas. El Supremo tiene ahora que confirmar esas 208 sentencias favorables a los expropiados, y una, que agrupa a todas, la referente al holding Rumasa, proceso que se presenta prometedor para Ruiz-Mateos si se tiene en cuenta que con otro fallo en el mismo sentido se crear  jurisprudencia a favor de sus pretensiones. ¨Cuánto le costaría a los españoles esta catastrófica y sospechosísima maniobra de González/Boyer? Pues no hay respuesta, de momento, porque las sentencias remiten la valoración a la fase de ejecución de las sentencias. Pero por ah¡ suena con insistencia la cifra de tres billones que, por más que se reduzca en la inevitable negociación, convertiría a Rumasa --el mayor holding privado actual-- en otro monstruo de nuestro sacratísimo mercado libre. Es probable que dos generaciones de españoles deban pasarse la vida contribuyendo en su IRPF a pagar el fallo de Boyer y el rentoy de González. Pero curiosamente casi nadie habla de este tema en medio del barullo polémico de las concentraciones. Habrá  que contar de nuevo con Rumasa en esta fase macro de nuestra historia económica. Pero con una particularidad: que habremos de pasar por taquilla y pagar para ver el prohibitivo espectáculo. No sé quién navegará  ahora en los yates de Villalonga o Ibarra, pero al menos sabemos que --al margen de otros vértigos más que probables-- a ésos no habremos de pagarles el flete. Al yate de Cisneros y a sus invitados, si ser  preciso seguirle pagando el marrón durante muchos años.